Corte Suprema concede extradición de Fujimori

SANTIAGO DE CHILE.- La segunda sala penal de la Corte Suprema de Chile concedió el viernes la extradición al Perú del ex presidente peruano Alberto Fujimori por dos cargos de violaciones de derechos humanos y cinco de corrupción. ``De los 13 cargos se ha concedido la extradición por siete'', informó a los periodistas el presidente de la sala penal, Alberto Chaigneau. El magistrado, quien redactó la sentencia de más de 200 cuartillas, señaló que en fallo unánime los cinco integrantes de la sala penal acordaron extraditar al Perú al ex gobernante para ser juzgado por las matanzas de La Cantuta y Barrios Altos, donde murieron 25 personas. Y en resolución dividida acordaron conceder la extradición para que se le procese por cinco cargos de corrupción. Fujimori, quien gobernó al Perú entre 1990 y 2000 y se encuentra en Chile desde noviembre del 2005, Y permanece en arresto domiciliario desde junio en un lujoso condominio cerca de Santiago. El año pasado estuvo seis meses en prisión preventiva. Fujimori es requerido por Perú para juzgarlo por dos cargos de violaciones a los derechos humanos y 11 de corrupción. En julio el magistrado Orlando Alvarez, en primera instancia, rechazó la extradición de Fujimori descartando una sugerencia de la fiscal del máximo tribunal, Mónica Maldonado, que había recomendado conceder la extradición del ex mandatario. Chaigneau informó que por mayoría los cinco magistrados resolvieron que Fujimori puede ser juzgado por cinco imputaciones de corrupción, entre ellos el de interceptación telefónica, congresistas tránsfugas, allanamientos y la defraudación de 15 millones de dólares de fondos públicos. La presidenta Michelle Bachelet y algunos de sus ministros estudiaban la situación y las medidas a adoptarse para proceder a la extradición de Fujimori, que según el canciller Alejandro Foxley debe ser ``lo más rápido posible''. En Lima, el canciller José García Belaunde dijo que ``las cosas salieron como planeamos, que la justicia chilena hiciera su trabajo, que dictaminara la extradición, ahora pensamos en traerlo a Lima''. Agregó que ahora la cancillería peruana deberá esperar a que Chile informe sobre la decisión de la Corte Suprema ``y nos pondremos a hacer los trámites pertinentes, nosotros ya tomamos las medidas previas, tenemos organizado todo y llevaremos a la práctica lo que teníamos definido'', sin ofrecer detalles. El jefe del consejo de ministros, Jorge del Castillo, dijo que ``esta es una decisión que el gobierno y el pueblo deben recibirlo con serenidad. Ahora... confiamos que el poder judicial actúe con paciencia, serenidad, y sin apasionamientos''. ``Hay que definir con la mayor tranquilidad el lugar de reclusión, sin maltrato, tampoco con condescendencia con un ex presidente que debe responder a la justicia'', añadió. En Santiago, la resolución tiene que ser informada a la cancillería que debe coordinar con el gobierno peruano la entrega y el traslado de Fujimori a Lima. Perú debe juzgar a Fujimori sólo por los siete cargos aprobados por la Corte Suprema, aunque en los últimos días el gobierno peruano había anunciado que requeriría también la extradición de Fujimori por las muertes del penal de Castro Castro, solicitud que no se ha formalizado y que de hacerlo demoraría la entrega. El abogado defensor de Fujimori, Gabriel Zaliasnik, dijo a la prensa que el ex mandatario no tiene intención de dilatar el cumplimiento de la extradición. ``No tenemos ningún propósito de dilatar ni hacer ninguna maniobra'', afirmó Zaliasnik. ``Cuando él llegó a Chile dijo que se sometería a la decisión de nuestros tribunales a los que respeta y le ofrecen garantías de imparcialidad y debido proceso''. Por su parte, el jurista Alfredo Etcheverry, defensor del estado peruano, manifestó que se siente muy satisfecho y aliviado por la sentencia. ``Ha sido un trabajo largo y difícil'', dijo. Amnistía Internacional señaló en una declaración que la decisión de la Corte Suprema ``es un paso adelante hacia encontrar justicia para las miles de víctimas de tortura, asesinatos, desapariciones forzadas y otras violaciones de derechos humanos cometidas durante el gobierno de Fujimori''.